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La definición legal de declaración de insolvencia, tal como se establece en la Ley 22/2003, se refiere a la situación en la que una persona física se encuentra imposibilitada para hacer frente a sus deudas. Para que esta declaración sea válida, deben cumplirse ciertos requisitos, incluyendo la demostración de la incapacidad de la persona para satisfacer sus deudas, la ausencia de activos con los que liquidar la deuda y la voluntad de abordar esta situación.
La declaración de insolvencia habilita a una persona para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, un proceso que puede conducir a la cancelación de sus deudas.
¿Qué supone declararse insolvente?
La insolvencia se caracteriza por la incapacidad de una persona para satisfacer sus deudas, pero es esencial que exista la voluntad de pagarlas. En otras palabras, una persona insolvente desea liquidar sus deudas, pero se encuentra en una situación donde carece de los recursos necesarios o no puede acceder a financiación para hacerlo. Esto contrasta con la morosidad, donde una persona no solo incumple sus obligaciones de pago, sino que tampoco muestra interés en llegar a un acuerdo para saldar sus deudas y resolver la situación de impago.
Es importante destacar que hay dos tipos de insolvencia. La insolvencia actual refleja la incapacidad de afrontar las deudas en el presente, mientras que la insolvencia inminente implica que el deudor prevé que no podrá cumplir con sus pagos a corto plazo. En ambos casos, es posible recurrir a la Ley de la Segunda Oportunidad para buscar una solución a la situación de insolvencia.
Requisitos para declararse insolvente
Para llegar a este punto, la principal condición es que no se disponga de recursos financieros ni activos para hacer frente a las deudas pendientes, ya que, en caso contrario, podría dar lugar a un embargo judicial. Además, se deben cumplir otros requisitos, como que el monto total de la deuda no exceda los 5 millones de euros y que se hayan agotado todas las opciones de pago posibles.
La declaración de insolvencia no es una simple afirmación, sino que debe ser demostrada ante los tribunales. Para respaldar esta declaración, es necesario proporcionar pruebas concretas y cumplir con diversas condiciones. Por ejemplo, una persona no puede declararse insolvente si previamente ha sido declarada culpable en un concurso de acreedores o si ha cometido delitos fiscales con Hacienda o la Seguridad Social. Además, se requiere no tener antecedentes penales ni haberse beneficiado de la Ley de la Segunda Oportunidad en los diez años anteriores a la declaración de insolvencia.
Efectos de la declaración de insolvencia
Cuando una persona incurre en impagos y acumula deudas, es común que los acreedores recurran a acciones legales, como el embargo de los activos y los ingresos del deudor. Este proceso puede llevar a que el deudor sea incluido en listas de morosidad, lo que dificulta su acceso a financiamiento o préstamos para resolver sus deudas.
Si el deudor carece de activos embargables con los que pagar sus deudas, puede iniciar el proceso de declaración de insolvencia. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que esto no exime al deudor de su responsabilidad de saldar las deudas pendientes, a menos que pueda acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. Gracias a este mecanismo legal, es posible la condonación total o parcial de las deudas.
Pasos para declararte insolvente
Hemos abordado el concepto de insolvencia y los criterios para calificar para este estatus. Ahora, discutiremos los procedimientos necesarios para llevar a cabo la declaración de insolvencia.
Contar con ayuda profesional
El primer paso crucial es buscar asesoramiento de profesionales expertos en este campo, dado que se trata de un proceso complicado, y cualquier error puede resultar en la inadmisión del procedimiento o su anulación.
Iniciar el acuerdo extrajudicial de pagos
Para iniciar, se debe dar comienzo a un proceso de Acuerdo Extrajudicial de Pagos. En este procedimiento, se trata de llegar a un acuerdo con los acreedores con el fin de renegociar la deuda pendiente. Es esencial demostrar buena fe y la voluntad sincera de pagar, aunque se carezca de los medios económicos para hacerlo.
El Acuerdo Extrajudicial de Pagos representa una opción ventajosa, ya que permite evitar costosos y largos procesos legales. En resumen, el primer paso implica negociar con los acreedores (ya sean particulares o empresas) para reestructurar y saldar la deuda.
Procedimiento judicial
En caso de no llegar a un Acuerdo Extrajudicial de Pagos o si el deudor sigue siendo incapaz de hacer frente a los pagos, el siguiente paso consiste en iniciar un proceso judicial con el objetivo de obtener la condonación de las deudas. En primer lugar, se debe presentar una declaración de insolvencia ante un Juzgado de lo Mercantil. Es esencial adjuntar toda la documentación disponible para demostrar la situación de insolvencia, destacando que no es posible saldar las deudas debido a la imposibilidad, no a la falta de voluntad.
A partir de este punto, el caso pasa al ámbito judicial, y el juez se encargará de examinar minuciosamente la situación para determinar si la declaración de insolvencia es válida. Si se comprueba que el deudor es insolvente, el tribunal podría conceder la cancelación de las deudas.
¿Se pueden cancelar todo tipo de deudas tras una declaración de insolvencia?
Cuando se inicia el proceso de declaración de insolvencia, el juez analiza cada situación de forma específica. Sin embargo, algunas deudas, como las contraídas con la Administración Pública, como Hacienda o la Seguridad Social, generalmente no suelen ser incluidas en estos casos. Aunque ha habido algunas sentencias que han abierto la posibilidad a otras soluciones.
En el caso de las deudas derivadas del impago de una pensión de alimentos a un hijo o una expareja, cada situación se evalúa individualmente, ya que, en términos generales, es complicado que puedan acogerse a la declaración de insolvencia.