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Cuando se inicia un proceso de embargo judicial, generalmente es el resultado de un largo proceso legal en el que los acreedores intentan recuperar las sumas que se les deben. Esto puede llevar bastante tiempo. Sin embargo, es común que el deudor se declare insolvente, ya que no dispone de activos con los cuales saldar la deuda, lo que lo ha llevado a esta situación. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es si es posible detener un embargo judicial.
Los embargos judiciales son procedimientos complicados y a menudo prolongados. Pueden ser frustrantes tanto para los acreedores, que no siempre logran recuperar el monto adeudado, como para los deudores, quienes deben afrontar un proceso legal que conlleva tiempo y gastos financieros. Estos costos se recuperarán si todo sale bien, pero deben ser asumidos desde el principio. Desde la perspectiva de los deudores, existe un mecanismo legal para suspender un embargo judicial, como establece la actual Ley de Enjuiciamiento Civil.
La Ley de Segunda Oportunidad
La Ley de la Segunda Oportunidad, como su nombre indica, ofrece a quienes cumplen ciertos requisitos la posibilidad de iniciar un proceso legal que les permita comenzar de nuevo y eliminar por completo sus deudas o reestructurarlas de manera que puedan ser manejables, siempre que haya una clara intención de parte del deudor.
Esta ley proporciona un medio para detener un embargo judicial mediante la presentación de una solicitud correspondiente. Representa un método eficaz para que las personas particulares puedan aplazar o liquidar sus deudas, de manera similar al proceso de concurso de acreedores que generalmente se aplica a empresas.
¿Qué permite hacer la Ley de Segunda Oportunidad?
La Ley de la Segunda Oportunidad ofrece a las partes involucradas la posibilidad de llegar a un acuerdo de pago fuera de los tribunales, lo que detiene el embargo de los bienes o ingresos del deudor por parte de los acreedores que están reclamando el dinero. Además, inicia un proceso concursal destinado a reducir la cantidad de deuda pendiente. En resumen, cuando se inician los procedimientos de la Ley de Segunda Oportunidad, se suspende el proceso de embargo judicial.
Inicialmente, esta ley no permitía el embargo de bienes o ingresos debido a deudas con entidades públicas como Hacienda o la Seguridad Social. Sin embargo, algunas sentencias han establecido precedentes que permiten la negociación de deudas con estas entidades gubernamentales. Esto ha marcado un cambio significativo, ya que ahora se pueden liquidar estas deudas de una manera más flexible, lo que beneficia a los deudores.
Además, la Ley de Segunda Oportunidad proporciona a los deudores con la intención de pagar una ventaja adicional, ya que las empresas de cobro de deudas dejan de acosarlos en sus intentos de recuperar el dinero adeudado. En ocasiones, los acreedores recurren a estas empresas para recuperarlas sumas pendientes, lo que a menudo resulta en situaciones de acoso, causando molestias significativas al deudor. Esto es especialmente problemático cuando el deudor tiene la voluntad de hacer frente a sus deudas, pero carece de los recursos necesarios.
Requisitos para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
El principal requisito para aprovechar la Ley de la Segunda Oportunidad es encontrarse en una situación de insolvencia, lo que significa que no se puede hacer frente a las deudas pendientes, incluso si existe la intención de pagarlas.
Una vez se inicia el proceso para intentar llegar a un Acuerdo Extrajudicial de Pagos, se suspenden los embargos de bienes y nóminas, si los hubiera. Inicialmente, esta suspensión se extiende a 2 meses en el caso de particulares y 3 meses en el caso de empresas.
Además, se cancelan todas las demás demandas judiciales o embargos que afecten al deudor, aunque será necesario iniciar un nuevo procedimiento para el Acuerdo Extrajudicial de Pagos por cada reclamación que se presente posteriormente.
Si estás considerando acogerte a la Ley de la Segunda Oportunidad, es altamente recomendable buscar el asesoramiento de expertos en esta área legal.
¿Existen otros mecanismos para evitar un embargo judicial?
La Ley de la Segunda Oportunidad es un medio oficial para condonar o reestructurar deudas, pero no es la única opción para lograr este objetivo.
La consignación es una alternativa que implica que el deudor realice un depósito judicial con el monto de la deuda que se le exige. Para evitar el embargo de sus bienes, este pago debe realizarse dentro de los diez días siguientes a la recepción de la demanda. Si se lleva a cabo correctamente, de acuerdo con el artículo 585 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es posible suspender el embargo judicial. Sin embargo, el principal inconveniente de la consignación es que se debe contar con el monto total de la deuda, lo cual a menudo representa un desafío para los deudores, especialmente aquellos que desean honrar sus deudas de buena fe.
Otro mecanismo para detener un embargo judicial es presentar una oposición. Si el deudor no está de acuerdo con la causa del embargo, ya sea porque no reconoce la deuda o por cualquier otra razón, tiene hasta 5 días a partir de la notificación del embargo para presentar un recurso de oposición. En este caso, la decisión depende del juez, quien determinará si se continúa con el proceso de embargo o si se suspende.
El último recurso disponible para detener un embargo judicial es llegar a un acuerdo extrajudicial. Esto requiere que tanto el deudor como el acreedor acuerden una solución y lo comuniquen al juzgado para que sea válido.
